Busca Diputado Edgar Inzunza reformar la Constitución local de Querétaro y acabar con privilegios

Por Javier Rodríguez Rodríguez 

El diputado local de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, presentó una iniciativa de Ley para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, con el objetivo de acabar con los privilegios y a favor de la austeridad.

La iniciativa propone armonizar la Constitución local de Querétaro con la reciente reforma Constitucional federal, publicada el pasado 23 de abril del presente año, en materia de combate a los privilegios y la austeridad republicana, el denominado “Plan B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheimbaum.

La cual, se enfoca en 5 ejes: primer eje, limitar el presupuesto anual del Poder Legislativo estatal a un máximo del 0.70% del Presupuesto de Egresos del estado; segundo eje establecer remuneraciones del personal de los poderes públicos y organismos autónomos al límite previsto en el artículo 127 constitucional. 

Como tercer eje, prohibir prestaciones extraordinarias como: seguros médicos privados, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro no previstos en ley. 

Cuarto eje reducir la integración de los cabildos municipales para tener una sola sindicatura por municipio, manteniendo el número actual de regidurías, salvo modificación futura por criterios poblacionales.

Y finalmente como quinto eje, destinar los ahorros generados a infraestructura pública y el fortalecimiento de haciendas municipales.

El legislador morenista señaló que existen prestaciones que se califican como privilegios para servidores públicos, por lo que, se busca erradicarlos con esta iniciativa. 

“La iniciativa tiene una orientación política clara hacia la austeridad republicana y la eliminación de prestaciones consideradas privilegios, alineándose con la narrativa y reformas impulsadas a nivel federal. Sin embargo, desde una perspectiva técnico-legislativa, requeriría ajustes importantes de redacción, sistematicidad normativa y justificación presupuestaria para asegurar su viabilidad constitucional y operativa”, advirtió finalmente Inzunza Ballesteros.

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