Caso Tren Interoceánico: reparación a víctimas avanza y autoridades descartan fallas en la vía

Por Retos Grupo Informativo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 145 personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, han recibido una reparación integral del daño, luego de que las víctimas optaran por resolver el caso mediante mecanismos de justicia alternativa.

La titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, reiteró que el accidente —que dejó 14 personas fallecidas— fue provocado por el exceso de velocidad. A partir de cuatro carpetas de investigación, la fiscalía logró acreditar presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas contra el maquinista, el conductor y el jefe de despacho involucrados.

En cuanto a otros posibles delitos, la autoridad precisó que el daño en bienes quedó sin efecto tras el perdón otorgado por la empresa afectada. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el delito de ataques a las vías generales de comunicación, el cual fue analizado con base en diversos peritajes técnicos.

Los estudios realizados concluyeron que tanto la infraestructura ferroviaria —incluyendo rieles, durmientes y balasto— como las condiciones de las locomotoras cumplían con las normas vigentes, descartando fallas estructurales. Asimismo, auditorías de distintas instancias, incluida la Auditoría Superior de la Federación, no detectaron irregularidades con implicaciones penales en contratos relacionados con la obra y su mantenimiento.

Respecto al proceso de reparación, la fiscal destacó que 114 adultos y 31 menores de edad recibieron compensaciones integrales, lo que derivó en la extinción de la acción penal en estos casos. Subrayó que estos acuerdos permiten a las víctimas acceder de forma más rápida y menos desgastante a medidas de compensación.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación señaló que el apoyo brindado fue más allá de lo económico, al incluir atención médica, acompañamiento psicológico y asesoría legal. Indicó que el total de las personas que iniciaron el proceso ha sido atendido bajo estándares nacionales e internacionales que garantizan una reparación digna y proporcional.

Para atender a las víctimas y sus familias, se desplegó un equipo de 236 servidores públicos en distintas entidades del país e incluso en el extranjero. Además, como parte de la investigación, se realizaron 230 dictámenes periciales en múltiples disciplinas, lo que permitió sustentar técnicamente las conclusiones del caso.

Las autoridades destacaron que este proceso representa un esfuerzo coordinado para garantizar justicia y atención integral a las personas afectadas por el siniestro.

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