Investigación en EE.UU. pone bajo la lupa a funcionarios de Sinaloa

Nacional

Foto Especial

El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación federal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

29 de abril del 2026

Por Retos, Grupo Informativo

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el mandatario habría colaborado con esta organización criminal para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de protección política.

La acusación, formalizada en una corte del Distrito Sur de Nueva York, fue confirmada por autoridades federales y respaldada por la Embajada de Estados Unidos en México, que subrayó que el combate a la corrupción y al crimen organizado transnacional es una prioridad compartida entre ambos países. El caso forma parte de investigaciones abiertas desde 2023 y quedó bajo la supervisión de una jueza federal en Nueva York. 

Según el expediente judicial, Rocha Moya habría sostenido reuniones con integrantes de “Los Chapitos” tras asumir el cargo en noviembre de 2021. Además, se señala que miembros del grupo criminal habrían intervenido en el proceso electoral mediante actos de intimidación contra adversarios políticos, favoreciendo su llegada al poder.

Junto al gobernador, también fueron acusados otros funcionarios, incluidos el alcalde de Culiacán, un senador y exsecretarios estatales, así como mandos de seguridad pública. Entre los señalamientos destaca el caso de un excomandante policial, acusado de secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en 2023, delito por el que podría enfrentar cadena perpetua.

De acuerdo con fiscales estadounidenses, algunos de los implicados habrían recibido pagos mensuales del cártel a cambio de protección e información sobre operativos. En conjunto, los acusados enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas y armas, con penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

Las autoridades estadounidenses consideran que todos los implicados se encuentran actualmente en México. Hasta ahora, no se han anunciado solicitudes públicas de extradición ni órdenes de captura internacionales.

El caso surge en un contexto de presión diplomática entre México y Estados Unidos por el combate al tráfico de fentanilo, y podría generar tensiones políticas al involucrar a funcionarios en activo de un estado históricamente ligado al Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, el proceso judicial continuará en territorio estadounidense con la revisión de pruebas y el avance de las investigaciones.


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