La ONU pide llevar a la asamblea general el caso de las personas desaparecidas en México.

Por Retos, Grupo Informativo 

 Tras la decisión del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de solicitar que el caso sea llevado ante la Asamblea General de la ONU. La medida, de carácter extraordinario, busca activar mecanismos de cooperación internacional que contribuyan a enfrentar este fenómeno.

De acuerdo con el organismo, la información analizada permite advertir patrones persistentes de desapariciones forzadas en distintas regiones del país. Sin embargo, el propio Comité precisó que su actuación no tiene fines sancionatorios ni pretende establecer responsabilidades individuales, sino llamar la atención de la comunidad internacional. También indicó que no existen elementos que acrediten una política federal dirigida a cometer estos actos, aunque ello no excluye su posible gravedad bajo estándares internacionales.

El diagnóstico expuesto por la ONU dimensiona la crisis a partir de hallazgos como miles de fosas clandestinas y decenas de miles de restos humanos, muchos de ellos aún sin identificar. Asimismo, señaló que, pese a las acciones emprendidas en los últimos años, no se perciben avances significativos desde su última evaluación en 2021.

La reacción del Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue de rechazo al informe, al considerar que presenta una visión incompleta. La dependencia sostuvo que el análisis se enfoca principalmente en hechos del pasado, particularmente entre 2009 y 2017, y no incorpora de forma adecuada los cambios recientes ni la información actualizada entregada por el Estado. También cuestionó la consistencia metodológica del documento y señaló posibles conflictos de interés en su elaboración.

En su posicionamiento, el Gobierno defendió que en la actualidad no existe una política que fomente este tipo de delitos y destacó una serie de reformas orientadas a mejorar la búsqueda de personas y el acceso a la justicia. Entre ellas, mencionó la creación de nuevos mecanismos de alerta, bases de datos, fiscalías especializadas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la identificación forense, así como una mayor coordinación con colectivos de víctimas.

En medio de este contexto, las cifras oficiales actualizadas muestran que, desde mediados del siglo pasado, cerca de 395 mil personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México. Aunque una mayoría ha sido encontrada, más de 132 mil personas continúan sin ser ubicadas. Las autoridades reconocen que una parte importante de los casos presenta inconsistencias o está en proceso de verificación, mientras que solo una fracción cuenta con investigaciones formales abiertas.

La eventual discusión del caso en la Asamblea General se enmarca en un mecanismo previsto por la normativa internacional para promover asistencia técnica y recursos que fortalezcan las capacidades de los Estados. Así, mientras la ONU insiste en la gravedad del problema y la necesidad de ajustes de fondo, el Gobierno mexicano sostiene que la evaluación no refleja con precisión la situación actual del país.

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