Desfalco gigantesco contra México en el gobierno de AMLO

Por Retos, Grupo Informativo

El periodista de investigación Raúl Olmos aseguró que el esquema de huachicol fiscal operado en México durante los últimos años no solo era conocido por las autoridades federales, sino que además habría sido tolerado pese a contar con información detallada sobre las empresas, aduanas y funcionarios involucrados. Durante una entrevista, el autor del libro Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas sostuvo que el gobierno tenía diagnósticos completos sobre el funcionamiento de esta red de contrabando y evasión fiscal, pero no actuó para frenarla.

Uno de los casos que calificó como más contradictorios fue la contratación, por parte de una filial de Pemex encargada de combatir el robo de combustible, de una empresa relacionada con Sergio Carmona Angulo, conocido como “el rey del huachicol”. Según explicó, la filial IIS Servicios, responsable de administrar las pipas adquiridas tras el cierre de ductos en 2019, habría pagado al menos 22 millones de pesos a una compañía ligada a Carmona durante 2021, meses antes de su asesinato en Nuevo León.

Olmos afirmó que el fenómeno del huachicol fiscal se fortaleció a partir de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando comenzaron a otorgarse permisos masivos para importar combustibles. Aunque la apertura energética no fue diseñada para actividades ilícitas, señaló que grupos empresariales y criminales aprovecharon esos permisos para introducir gasolina y diésel mediante operaciones simuladas.

El mecanismo, explicó, consistía en declarar ante aduanas productos distintos al combustible —como aditivos, aceites o químicos— para evitar el pago de impuestos especiales. A diferencia del contrabando tradicional, en este esquema sí existían pedimentos y documentación oficial, aunque con información falsa sobre la mercancía transportada.

El periodista sostuvo que el cierre de ductos ordenado al inicio del gobierno de López Obrador terminó impulsando este tipo de operaciones, ya que grupos dedicados al robo de combustible buscaron nuevas formas de abastecerse mediante importaciones irregulares provenientes principalmente de Texas.

La investigación también menciona presuntos vínculos de empresarios, funcionarios y actores políticos con la red de huachicol fiscal. Entre los nombres citados aparecen Alfonso Romo, Amílcar Olán, Manuel Bartlett, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, además de referencias a mandos de la Marina y familiares de altos funcionarios relacionados con operaciones aduanales y decomisos de combustible.

Olmos aseguró que la corrupción alcanzó distintos niveles del aparato gubernamental y militar, particularmente dentro de la Secretaría de Marina, donde, según dijo, algunos altos mandos habrían intervenido para liberar cargamentos asegurados. También señaló que organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa participaron en la red de contrabando.

El periodista indicó que gran parte de las investigaciones actuales avanzaron por presión de Estados Unidos, país que ha identificado el huachicol fiscal como una fuente importante de financiamiento para grupos criminales. Además, subrayó que empresas estadounidenses habrían participado emitiendo facturas falsas para disfrazar cargamentos de diésel y gasolina como aditivos industriales.

Como ejemplo, mencionó el caso de un buque asegurado en Tampico que, de acuerdo con su investigación, transportaba cerca de 20 millones de litros de diésel desde Texas, aunque oficialmente solo se reportó el decomiso de 10 millones de litros.

Olmos advirtió que el daño económico provocado por este esquema podría superar los 600 mil millones de pesos, cifra que comparó con decenas de veces el desfalco del caso Segalmex. Afirmó que los decomisos anunciados públicamente representan apenas una pequeña parte del combustible introducido ilegalmente al país y alertó sobre la posibilidad de que parte de esos recursos hayan sido utilizados para financiar campañas políticas y estructuras electorales.

Finalmente, consideró que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en algunos operadores o mandos navales, sino extenderse a toda la red empresarial, política y financiera que permitió el crecimiento del huachicol fiscal. De lo contrario, advirtió, el caso podría terminar reducido a “justicia selectiva” y perderse la oportunidad de desmantelar una de las mayores redes de corrupción y evasión fiscal en México.

También puedes leernos y seguirnos en Facebook:
https://www.facebook.com/GrupoInformativoRetos?locale=es_LA